04/10/2012 MAL DÍA K

El Ejecutivo Nacional: “Complicado y aturdido, así me levanté”

Hay una canción que dice “complicado y aturdido, así me levanté” y parece estar cantada por el gobierno nacional este jueves (04/10). Los k no tuvieron un buen día, se les complicó todo. La presidente Cristina Fernández no se anima aparecer y atrás dejó su fanatismo por la cadena nacional. El conflicto con las fuerzas de seguridad sigue abierto, falló el intento de designar una jueza en el Consejo de la Magistratura para ir contra Clarín, la ofensiva contra el titular de la Auditoría General de la Nación logró reunificar a la UCR y la desaparición de un testigo clave en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra hacen tocar fondo y el gobierno nacional discute, dentro de su gabinete, cómo salir a flote en cada uno de los temas.

Este jueves (04/10) fue un pésimo día para el Ejecutivo Nacional. Cristina Fernández no aparece porque no sabe cómo afrontar cada uno de los temas que hacen tocar fondo al kirchnerismo. Los problemas se les fueron de las manos y este jueves (04/10) pasaron muchas cosas que no pueden pasarse por alto.

1. El gobierno nacional no ha logrado cerrar el conflicto salarial con fuerzas de seguridad. Por estas horas y a 3 días de conflicto. Lo último que se sabe es que el gobierno nacional llamó a los manifestantes a una reunión y desde entonces, llamativamente, no hay noticias. Ni siquiera se sabe con certezas si la reunión se llevó a cabo o no. Estaba prevista para las 15 y desde entonces nada más se supo.

2. La estrategia utilizada por el gobierno nacional fue de desgaste de los reclamantes pero no funcionó ya que confrontó con el peligro de ampliación del conflicto a otras fuerzas de seguridad  como la Bonaerense. Representados por el Sindicato Policial Buenos Aires, efectivos de la Policía Bonaerense presentaron un petitorio ante la cartera que conduce Ricardo Casal y se concentraron esta noche (04/10) en la puerta del Ministerio de Justicia y Seguridad. Reclaman un salario de bolsillo de no menos de $ 7.000  para el primer escalafón y una mejora en el pago de horas extras.

Al respecto de las Armadas, hay versiones en las 3 fuerzas. Además los gendarmes y prefectos no se cansaron y aseguraron que permanecerán allí hasta el martes próximo, plazo para recibir una respuesta ante el petitorio presentando al viceministro de Seguridad, Sergio Berni. El fin de semana largo seguirán haciendo sentir su reclamo.

3. El intento de designar una jueza para el caso Clarín en el Consejo de la Magistratura de la Nación ha fracasado. Al no obtenerse el quórum, se suspendió una semana el concurso para ocupar vacantes. El kirchnerismo quiere imponer un magistrado afín en el juzgado en el que se tramita la causa iniciada por Clarín por la Ley de Medios. El kirchnerismo dio el brazo a torcer y ni siquiera eso alcanzó. Ofreció aprobar la terna para ocupar el juzgado federal en el que tramita la causa por la Ley de Medios sin la candidata oficialista María Lorena Gagliardi, funcionaria del Gobierno, pero la propuesta fue rechazada por la oposición y la sesión se postergó hasta el jueves próximo (11/10). Luego de diez horas de espera y sin llegar a un acuerdo, lo consejeros resolvieron suspender hasta el jueves a las 15 el plenario donde se debía tratar el concurso para cubrir la vacante del juzgado federal que tiene la causa por la ley de Medios.

"En atención a la falta de quórum para la sesión del plenario convocado para el día de la fecha, luego de un intercambio de de opiniones, se dispone suspender la sesión, convocándose a una nueva reunión para el día jueves 11 de octubre de 2012 a las 15 horas", se informó en una nota firmada por el presidente del Consejo, Manuel Urriza.

La ofensiva k contra el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, sólo logró reunificar a la UCR, que estaba con graves problemas internos. Así queda demostrado con un tweet del ex presidente de la Nación, Julio Cobos ‏@juliocobos: “Es un acto de irresponsabilidad absoluta lo que el oficialismo ha hecho en contra del Auditor General de la Nación, Leandro Despouy”.

El radicalismo, mostrándose unido, ratificó este jueves (4/10) a  Leandro Despouy como presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), luego de que el cristinismo lo impugnara al asegurar que su mandato está vencido desde marzo de 2010.

En una conferencia de prensa, el diputado Manuel Garridoaseguró que Despouy  "está en funciones" y que el diputado cristinista Fabián Ríos, quien llevó la voz cantante de la impugnación, "no tiene autoridad" para definir si el auditor puede continuar o no al frente de la AGN.

 Además, afirmó que "no hace falta hacer absolutamente nada" en cuanto a lo administrativo para que Despouy siga ejerciendo la titularidad del órgano de control.

Por su parte, Despouy afirmó que va a "seguir resistiendo" la embestida del oficialismo y aseguró que sigue siendo el auditor general de la Nación.

5. Circularon versiones de mucha discusión y básicamente disparidad de criterios dentro del gabinete nacional acerca de qué hacer en cada tema.

El Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, mostró toda su incapacidad de reacción y gestión. Sólo apareció para comunicar la marcha atrás del decreto y garantizar los pagos de los sueldos de los agentes como venía ocurriendo hasta la vigencia de la resolución que reordenó los haberes. De paso amplificó la teoría conspirativa y desestabilizadora que había inaugurado Página12 la mañana del martes 03/10.

Más arriba en la jerarquía gubernamental, el titular del Senado en ejercicio de la presidencia (mientras Cristina estaba en Lima, Perú, cuando se desató la crisis), Amado Boudou, está peleado con el Jefe de Gabinete y entonces no hizo lo que tenía que hacer: reunirse al menos con Abal Medina aunque sea para que se supiera que estaba trabajando. Por el contrario su agenda se mantuvo inalterable en sintonía con la estrategia oficial en la causa Clarín y se fotografió con el flamante titular de la Afsca, Martín Sabatella para poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de seguimiento del cumplimiento de la ley de Medios.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, de acotado poder de acción gracias a la influencia deAxel Kicillof, fue incapaz de ordenar los números para salir rápido de la crisis. También llamó la atención la ausencia del joven funcionario preferido por Cristina.

6. Hay un evidente deterioro de Nilda Garré, Sergio Berni y Arturo Puricelli, lo que debería obligar a cambios en al menos 2 ministerios.

Nilda Garré y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, son los responsables de haber dejado crecer el reclamo y no monitorear la instrumentación del decreto además de provocar la ruptura de la cadena de mandos.

El viceministro Sergio Berni estuvo todo este tiempo –y desde que asumió en el cargo- más preocupado en desgastar a Garré que en resolver el tema, además de no haber podido demostrar mucha autoridad en el edificio Guardacostas.

Su gestión inicial fracasó estrepitosamente y derivó en el regreso e intervención de Cristina y de otras figuras del Gobierno que terminaron suspendiendo los efectos del decreto polémico.

Entonces, si Cristina, además de haber desplazado a las cúpulas de Gendarmería y Prefectura, quisiera modificar las figuras del Ministerio de Seguridad, no sólo debería apuntar a Garré sino también a Berni.

A todo esto comenzó a sonar el nombre de Martín Balza. Según informa la agencia Noticias Argentinas, algunos hasta llegaron a deslizar que la presidente estaría decidida a hacerles pagar caro el costo político de la protesta a ambos y se animaron a mencionar el nombre de Balza -actual embajador en Costa Rica- como futuro ministro del área.

Cristina puede no cambiar nada, pero tendría que ordenar el juego porque se ha dejado sentar un precedente con la inédita protesta de las fuerzas de seguridad, que pasaron de reclamar contra un decreto que les bajó los sueldos a presentar 6 puntos con otros pedidos más amplios y mantener las concentraciones.

Se sucedieron muchos tweets que hacen eco del pedido de renuncia de los funcionaros. Los políticos y la ciudadanía exigen cambios (Ver nota relacionada)-

7. Tuvo que cambiarse la cúpula de 2 fuerzas de seguridad identificadas con el kirchnerismo y que había demostrado una lealtad a toda prueba, a la que se le terminó culpando por la crisis. Más grave aún es el precedente de la pulverización de la cadena de mandos en las dos instituciones clave para el plan de seguridad del Gobierno. Dos instituciones mimadas por Garré frente a las denostadas fuerzas armadas y la policía, a quien venía de acusar de mantener focos de corrupción.

Por primera vez desde que se desató la protesta generalizada de la Prefectura Naval Argentina, un alto jefe de esa fuerza habla públicamente. Lo hizo en forma exclusiva con Ahora Calafate el prefecto General Carlos Horacio Farrell. El alto oficial se desempeña como Director de Administración Financiera de la Prefectura, aérea encargada entre otras cosas de liquidar los sueldos de los cerca de 30 mil integrantes que tienen. “En mi saber y entender se liquidó acorde a lo que estaba reglamentado”, remarcó

8. La operación de que el reclamo salarial de las fuerzas de seguridad es un plan conspirativo hasta ahora no provocó credibilidad ni adhesiones.

Unidos y Organizados, la organización integrada por Kolina, La Cámpora, Evita, y otras agrupaciones kirchneristas emitió un comunicado sobre el conflicto con la Prefectura y Gendarmería. Reconocen el reclamo salarial pero apuntan a Héctor Magnetto por un intento golpista en el que involucran a sectores que afirman ya tuvieron participación en una maniobra más que se sumaría al papelón de Cristina en Harvard. Pero todo quedó ahí y el intento de imponer en la opinión pública que se atentaba contra la democracia no dio sus frutos.

9. La desaparición de un testigo clave en el juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra complicó aún más el panorama para el gobierno nacional. Se trata de Alfonso Severo, cuya desaparición es sospechada por muchos como una posible operación para cambiar la agenda de la opinión pública. Desde el caso Jorge Julio López a la fecha, el tema siempre provoca suspicacias para con el FpV y la ciudadanía no permitirá que haya otro desaparecido en democracia.

10. La Presidente de la Nación no se refirió a ninguno de los temas que reciben la atención de la opinión pública. Su aparición el día miércoles (03/10) fue para un acto intrascendente y en el que evitó la actualidad. La mandatario no aparece en público y eso es una mala señal para el kirchnerismo.

FUENTE: U24

Fútbol y barbarie

Lo que particularmente pienso, como simple ama de casa es, que si dejo la puerta sin llave y me entran a robar, LA CULPA ES MÍA, por mas que los ladrones sean responsables de hechos delictivos, si yo, como protectora de mi hogar, no tomo las medidas de precaución, conociendo que existen ladrones, entonces LA CULPA ES MÍA.

A no ser que quiera que me roben y deje adrede la puerta sin llave... ¿A quien beneficiaba que el problema existiera?

Graciela Rost

Debió haberse evitado el bochorno de la violencia en el estadio Monumental en vez de adjudicárselo a un grupo de vándalos

Era un operativo policial condenado al fracaso, por más que la Policía Federal haya destinado 2200 efectivos y las autoridades de River Plate hayan contratado cerca de 1000 guardias privados que se ubicaron dentro del estadio Monumental. En vista del bochorno del partido anterior, en Córdoba, el gobierno nacional debió haber dispuesto que se jugara a puertas cerradas.

No lo hizo y, con una necedad que linda con la falta de respeto y de sentido común, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ha insistido en que la revancha debía jugarse tal como se jugó, con escasa seguridad para el público y los jugadores, e hizo responsable de la barbarie acontecida en el barrio de Núñez a "300 tarados" que "hay que buscar y meter presos".

Es inadmisible que un funcionario que suele obrar de vocero oficioso de la primera mandataria se despache con un argumento semejante, minimizando aquello que se sabía que podía terminar mal, y terminó peor, como si hubiera sido obra de marginales cuya existencia se desconocía. En el partido anterior fueron patéticas las imágenes de los hinchas de River dentro del campo de juego, increpando, insultando y hasta agrediendo a los jugadores de su equipo. Luego recibieron ayuda de la policía para regresar a la tribuna en lugar de ser arresados.

Se dirá que no se quiso caldear aún más el ambiente. En ese caso, frente al segundo partido, debió preverse que esos vándalos a los cuales se refirió con ligereza Fernández, en consonancia con las declaraciones iniciales del ministro del Interior, Florencio Randazzo , tildándolos de "delincuentes", debieron ser buscados y detenidos antes del encuentro, en lugar de lamentar ahora que haya habido un tendal de heridos entre civiles y policías, así como destrozos de magnitud en las instalaciones del club y sus alrededores.

Esto va a más allá del resultado del partido y de la suerte de River. Esto refleja la crónica incapacidad para prevenir este tipo de desmanes que padecen las autoridades gubernamentales. Que ahora haya sido clausurado el estadio y que peligre la posibilidad de que jueguen en él los seleccionados nacionales que disputarán la Copa América demuestra que nadie, empezando por la Presidenta, fue precavido ante una violencia que, después de lo ocurrido en el partido anterior, iba a estallar de todos modos.

Habrá que determinar, en el curso de la investigación, si en el estadio ingresaron 12.000 personas más de las 42.000 que habían permitido el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y sus organismos de control. Todo apunta hacia la revisión de los disturbios en lugar de haberlos evitado, que era lo que correspondía.

No resultó sorpresivo entonces, dados los antecedentes, que hinchas violentos de River lanzaran objetos contundentes contra los jugadores, rompieran las butacas de las plateas, se agredieran entre sí, trataran de invadir de nuevo el campo de juego y, con una impunidad que desquicia, hasta se enfrentaran a la policía.

Estos vergonzosos incidentes no son patrimonio de un club ni de una división de fútbol en particular. Irradian el canal de violencia en el que, por la ineficacia y la complicidad de los dirigentes deportivos y políticos, se ha convertido el fútbol argentino. No sólo falta decisión para aplicar políticas que pongan fin a esta tragedia, sino una voluntad que, después de varias desgracias, claramente no existe.

Fuente: La Nación

KIRCHNERISMO, NARCOTRÁFICO... Y URTUBEY

Exclusivo: el día que Nilda Garré llamó a un juez salteño interesada por un secuestro de cocaína.

Ayer viernes, la noticia pasó sin pena ni gloria por las redacciones de los medios. Allí se daba cuenta de que un funcionario de la Policía de Salta había sido detenido con más de 50 kilos de cocaína en un procedimiento realizado en la localidad salteña de General Güemes por efectivos de la fuerza provincial, que además detuvo a otros dos hombres.

Fuentes policiales informaron públicamente que el operativo se concretó cuando personal policial perteneciente a la División Protecciónal Medio Ambiente realizaba un control de prevención sobre la ruta provincial 8.

En ese momento, cuando los policías identificaban a los ocupantes de un Volkswagen color gris, vieron que el conductor de un Fiat Uno que llegaba detrás, al advertir el control, giró imprevistamente en U con intenciones de huir, por lo que comenzó una persecución policial. Al llegar al kilómetro 45 de la ruta, el conductor del Fiat perdió el control del auto, que sufrió algunos desperfectos, lo que permitió a los policías alcanzarlo.

Los voceros informaron que al ser identificado el conductor se determinó que se trataba de un policía llamado Carlos Gallardo, quien se desempeñaba como jefe en el área de Inteligencia Criminal de Tartagal, de la policía de Salta.

Durante el procedimiento, se observó que en la zona del lote Santa Rosa había un tercer auto, un Volkswagen Bora gris, cuyos ocupantes, al notar la presencia policial, también intentaron huir.

No obstante, fueron alcanzados y detenidos por la policía, que estableció que se trataba de dos hombres de 29 y 43 años. Ante la trascendencia del operativo, el subjefe de la policía de Salta, Simón Pistán, se presentó en el lugar para ponerse al frente de las investigaciones y supervisar el cumplimiento de las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso, teniendo en cuenta que uno de los sospechosos era miembro de la fuerza.

Detrás de esta historia se esconde otra historia, que involucra a referentes y políticos salteños y que roza los pasillo de Casa de Gobierno, en Buenos Aires.

El país que no miramos

“Hoy en Salta capital la cosa está que arde. Los políticos no salen a dar la cara y el pueblo se pregunta hasta dónde abarca el narcotráfico y la corrupción”, aseguró con fastidio una importante fuente investigativa de Salta a este cronista.

Las especulaciones son valederas, ya que las personas que fueron detenidas ostentan enorme relevancia tanto en la policía como en el departamento de inteligencia salteños. Más allá de Gallardo, quien supo trabajar en el departamento de Drogas Peligrosas de la Capital —considerado oportunamente un "súper agente”—, uno de los prófugos que no pudieron capturar los investigadores es un comisario de apellido Jiménez quien, junto a sus hermanos —también policías—, aparecen implicados en el tráfico de estupefacientes.

A su vez, estos tres hermanos, son hijos del fallecido comisario General Luis "Lito" Jiménez, quien fue en dos oportunidades Jefe de la Policía de Salta.

“Lo conocí a Lito, era un señor con todas las letras. Pobre, menos mal que se murió hace poco, porque si no se hubiera muerto hoy de vergüenza por lo de sus hijos”, admitió una fuente consultada para este artículo.

Como sea, las sospechas se incrementan al paso de las horas ya que muchos creen que en tres vehículos caben mucho más que 52 kilos de droga. “Es obvio que traían mucho mas. Fíjese la hora y fecha, 25 de mayo, a la noche y por camino secundario.  Pensaron que nadie controlaba y se largaron”, aseguró uno de los investigadores a este medio.

Otra fuente aseguró algo similar: “Esto que agarraron es la milésima parte de lo que circula de droga por este norte. No hay controles, no hay controles. Le digo porque camino y ando por todos estos lugares y nadie controla nada. Es alarmante”.

El llamado de la comandante Teresa

Pocos saben que el pasado domingo 22 de mayo fueron secuestrados 100 kilos de cocaína que estaban siendo trasladados en una camioneta Toyota 4x4, a través de la ruta Provincial nº 5, a la altura del paraje La estrella, en Salta. Hay que mencionar que desde ahí sale una ruta de tierra hacia Rivadavia Banda Sur y que se trata de un camino poco transitado y sin controles.

Según la prensa salteña solo se detuvo a una persona como resultado del procedimiento. Sin embargo, fuentes oficiales de esa provincia han admitido a este medio que allí iban también dos policías. ¿Se tratará de los mismos uniformados que fueron demorados en este nuevo procedimiento?

Independientemente de cualquier suspicacia, hay un dato que pasa del terreno de las sospechas al de los hechos. Es que, al día siguiente al secuestro de esa cocaína —el lunes 23—, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, llamó en persona al juez Federal de Orán, Raúl Reynoso. Según refieren fuentes del propio juzgado, la funcionaria “estaba muy interesada sobre los detenidos, adónde iba destinada esa droga y demás”.

Garré ordenó en ese mismo momento un vuelo en el avión de Gendarmería desde Campo de Mayo hasta Orán, argumentando que su intención era llevar a "periodistas" para que difundieran el procedimiento. En realidad se trató de dos hombres del ministerio de Seguridad que fueron a "interiorizarse" en detalle de todo lo ocurrido. Un dato: ninguno de los entrevistados por los falsos hombres de prensa se creyeron la farsa, ni los gendarmes, ni los funcionarios judiciales.

¿Para qué querría saber una funcionaria del Poder Ejecutivo Nacional qué ocurrió con un cargamento de drogas secuestrado en una provincia tan lejana? ¿Qué implicancia oficial podría haber en el asunto?

Aunque a muchos pueda parecer algo normal, no es usual que ocurra un contacto como el descripto entre un ministro y un juez Federal, especialmente cuando se trata de un procedimiento rutinario de secuestro de droga (1).

Concluyendo

¿Por qué recurrentemente aparecen hechos vinculados con narcotráfico que rozan a funcionarios del kirchnerismo, desde 2003 a la fecha? ¿Por qué la continua presión a la justicia para que no investigue y el desmantelamiento permanente de los controles a la droga?

Con el antecedente de un gobierno que ha financiado parte de su campaña política con fondos proveídos por narcos foráneos, es imposible no sospechar acerca de los vínculos entre el oficialismo y la laxitud de los controles al narcotráfico. A eso debe sumarse que existe media docena de funcionarios que pertenecen al Ejecutivo Nacional que están directamente relacionados con ese negocio.

En Salta, no hay excepción a estos hechos. El joven gobernador Juan Manuel Urtubey, que parecía en un principio una suerte de “superador” del siempre sospechado de narco Juan Carlos Romero, parece haber sucumbido finalmente al rentable negocio de los narcóticos.

Todos saben en Salta quiénes son los personajes cuestionados y cómo se maneja la droga, pero nadie hace nada al respecto. Una simple anécdota servirá para entender cómo el poder político encubre al narcotráfico.

Oportunamente, el ministro de Justicia salteño, Pablo Kossiner, propuso a Urtubey echar al jefe y subjefe de la policía, junto a 15 comisarios vinculados a los sectores de Investigaciones y Drogas —todos ellos vinculados al negocio de los estupefacientes—, pero el gobernador dijo que no, argumentando que “sería aumentar el escándalo”.

¿Alguien puede creer realmente tan pueril excusa? En realidad, Urtubey permite que se cometan este y otros delitos a cambio de una suerte de “peaje” que maneja su propio hermano y secretario privado, Facundo. Así lo reveló en su momento a este medio una fuente muy cercana al Ejecutivo salteño: “El recaudador de todos los negocios es el hermano del gobernador, que tiene una oficina al lado de su despacho. Está  popularizada acá en Salta una frase del Gobernador, quien  luego de otorgar créditos o contratos a intendentes, contratistas, etc., les dice ‘pasá y velo a facundito’. Allí se deja la parte que exige el gobernador.”

El dato ya había sido revelado en 2010 a Tribuna de Periodistaspor un funcionario del Departamento Orán, quien reveló que fue a pedir a Urtubey 150 mil pesos para hacer unas cuadras de “cordón cuneta” y algunas alcantarillas en su pueblo y que luego de la charla de marras le llegó la famosa frase. Acto seguido, luego de cobrar, debió dejar en la oficina de Facundo Urtubey la friolera de $ 60 mil. En realidad, cobró 90 mil y firmó por 150 mil.

Lo aquí contado es una pequeña parte de un sistema que existe no solamente en Salta, sino también en otras provincias argentinas. Tiene que ver con muchos negocios pero especialmente el narcotráfico, que aparece como el más rentable del planeta. La droga, hay que mencionarlo, mueve 600 mil millones de dólares al año en todo el mundo.

Ello explica lo que hoy ocurre en la Argentina, donde repentinamente han aterrizado narcotraficantes de diversas partes del mundo y el lavado de dinero se ha convertido en una cuestión tan natural como el dulce de leche (2).

Todo ello es permitido por el oficialismo de turno, aún cuando existe evidencia de sobra que roza a banqueros, empresarios y hasta a referentes sociales. A ese respecto hay una veintena de denuncias elevadas ante la ineficaz Unidad de Información Financiera (UIF) que comanda José Sbatella.

Pero el kirchnerismo nunca hará nada, ya que cualquier acción terminaría actuando cual búmeran impactando contra sus propios intereses. No hay momento menos oportuno que este, cuando se necesita recaudar dinero para la campaña de octubre y no hay olla donde rascar. El sistema que permitió obtener importantes fondos en 2003, 2005 y 2007 —surgidos de la asesina mafia de los medicamentos— fue desmantelado casi por completo.

Quienes conocen el tema, aseguran que esos fondos ahora debieron ser reemplazados por otros que provienen de la venta de una sustancia blanca, un polvo muy fino. Ojo: no se trataría de azúcar impalpable.

Christian Sanz
Twitter: @cesanz

(1) Una situación similar también surgió del seno del kirchnerismo, cuando el hoy jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en el marco del escándalo de los cuatro policías federales que en 2004 volcaron con su patrullero conteniendo 116 kilos de cocaína en Jujuy, llamó a varios jueces para “interiorizarse en el asunto”. Se comunicó varias veces con Raúl Reynoso, de Salta; luego dos veces con su colega de Jujuy, Mariano Cardozo; y finalmente, se contactó con el entonces Juez federal de Salta, Abel Cornejo, quien nunca lo atendió porque presumía la intención del entonces Ministro del Interior. 

(2) Baste recordar solo dos casos que hoy escandalizan a los medios para entender la naturalidad del blanqueo de dinero: la muerte de María Marta García Belsunce y los fondos que maneja la Fundación Madres de Plaza de Mayo. 

Fuente: Tribuna