EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y SUS DEDUCCIONES. Por Antonio Hugo Figueroa

La generalización del uso del impuesto a la renta como parte del sistema impositivo de los países se produjo a la finalización de la I Guerra Mundial. Origen en la Argentina y la situación presente del mínimo no imponible

En el Reino Unido, cuya primera aplicación data de los tiempos de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, los contribuyentes ingleses lo calificaban como un "impuesto atroz, digno de Robespierre".

Sin embargo, el impuesto hoy es parte, como en el resto del mundo, de todos los sistemas impositivos de los países democráticos, aunque en el Reino Unido su vigencia, por esas particularidades de los británicos, se renueva anualmente. Es el impuesto más representativo del sistema democrático de gobierno.

A ningún país serio se le ocurriría eliminar el impuesto a la renta de su sistema tributario. Sin embargo, en nuestro país, el ministro Cavallo propuso –1991– su derogación y reemplazo por una extraña forma de imposición.

Poco más de un año después, el Congreso de la Nación, en un rapto de sentido común poco frecuente en ese ámbito, devolvió el singular proyecto al Poder Ejecutivo Nacional.

Nuestro país, en tiempos en los que tenía la condición de tierra de promisión, allá por 1910, debatió acerca de la incorporación del impuesto a la renta dentro del esquema tributario nacional. Empero, el impuesto se introdujo –a los réditos– en 1932.

La incorporación al esquema tributario local fue en carácter de emergencia, pero el impuesto, como no puede ser de otro modo, forma parte permanente del esquema tributario nacional.

En rigor, el carácter de emergencia obedece a la distribución de potestades entre la Nación y las provincias (art. 121 de la Constitución Nacional), destacándose que, de manera excepcional y por un tiempo determinado, el Congreso de la Nación puede imponer contribuciones directas, esto es, con carácter transitorio y en razón de causas especiales (art. 75, inc. 2, CN).

Un reclamo natural

En los días que corren –en rigor, hace un tiempo a mi juicio demasiado prolongado–, la sociedad argentina, diversas entidades profesionales, el sindicalismo y el sector político opositor, con buen criterio y con adecuado sentido de justicia tributaria, reclaman por la actualización de las deducciones personales.

Es que los aumentos salariales, producto indiscutible de la inconcebible y negada inflación que padecemos, carecen de sentido porque el mal llamado impuesto a las ganancias absorbe dichos incrementos salariales.

En diversas oportunidades nos hemos referido al tema, señalando la tremenda injusticia que representa la situación que padece el sector asalariado. Hemos participado, no siempre con éxito en cuanto a nuestras inquietudes, en, prácticamente, todas las reformas tributarias ocurridas desde 1971 hasta 2003 y nunca, dicho con conocimiento de causa, se presentó una situación de deterioro legislativo como la que hoy se padece.

No es posible, en modo alguno, escudarse en la pérdida de recaudación para evitar el imprescindible ajuste no sólo de las deducciones personales (mínimo no imponible, cargas de familia y deducciones especiales de cuarta categoría), sino también de la escala progresiva del impuesto atento a que esta última fue concebida en el año 1999.

No es pérdida de recaudación la que deriva de un ajuste imprescindible, ya que se está percibiendo un impuesto que no corresponde. Ello no es otra cosa que un abuso del Estado.

Los esquemas tributarios nacionales muestran no sólo el grado de sensibilidad de un Estado, sino también su sensatez, aspectos estos que en nuestro país brillan por su ausencia.

Tan inconcebible es la escala progresiva del impuesto vigente, que no conozco país alguno que aplique la tasa del 35%, máxima de la escala, para rentas que superen los u$s26.000 a tipo de cambio oficial o u$s20.250 a tipo de cambio "blue".

Una de las propuestas de cambio

Pocos días atrás tomé conocimiento del proyecto presentado por el diputado Ricardo Alfonsín, en el que propone, entre otros temas, el ajuste de los niveles de deducciones personales y de los tramos de la escala progresiva del impuesto, porque es necesario, sin duda alguna, no sólo corregir el absurdo nivel de las deducciones personales sino también dichos tramos.

Al respecto, debo manifestar mi complacencia respecto del nivel de las deducciones personales propuestas, que para una familia tipo alcanzan la suma de $141.000; esto es que un sueldo, aguinaldo incluido, de $11.750 por mes, quedaría al margen del tributo.

El mínimo imponible que impulsa alcanza la suma de $20.000, la deducción por esposa se ubica en $23.000, la deducción por hijo asciende a $11.500 y la deducción especial de cuarta categoría – empleados– es de 75.000 pesos.

La combinación de tales deducciones con los nuevos tramos de la escala determina que un sueldo de $10.000, más aguinaldo, que hoy tributa $3.446, no pague impuesto alguno, mientras que un sueldo de $12.000, más aguinaldo, que hoy tributa $9.267, sólo ingrese por año 1.200 pesos.

Es más, el proyecto establece un ajuste automático, anual y objetivo, de las deducciones y de los tramos de la escala considerando la variación del índice de salarios nivel general para evitar el deterioro que produce la inflación negada.

La propuesta es lógica ya que reduce en forma sensible el impacto del impuesto sobre los salarios. De ninguna manera comparto el criterio de quienes proponen, sin fundamento, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre salarios, ya que quienes obtienen un nivel alto de sueldos deben pagar el impuesto, como cualquier otro ciudadano. Es del caso destacar que quienes viven de rentas (intereses, alquileres, etc.) no tienen derecho al cómputo de la deducción personal que, justificadamente, le corresponde al personal en relación de dependencia.

*Antonio Hugo Figueroa: Ex director nacional de Impuestos. Presidente del Grupo de Expertos en Tributación de la ONU (1997-2004). Profesor universitario.

FUENTE: INFOBAE